Opinan que es un 'juicio político' y asumirán las consecuencias
Los ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que están a la espera de ser juzgadas por los delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos por participar, en diciembre de 2017, en una negociación en una sucursal financiera de Cabanillas del Campo para evitar el desahucio de 20 familias con menores no se presentarán al juicio, señalado para el 10 y 12 de febrero y se declaran insumisos.
Los activistas imputados han comparecido este lunes en rueda de prensa para explicar la situación y han dicho que “es un juicio político y lo vamos a enfrentar políticamente y por eso hemos decidido no acudir y asumimos todas las consecuencias”, ha señalado
Están acusados por Caixabank por los delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos por participar, en diciembre de 2017, en una negociación en una sucursal de esta entidad en Cabanillas del Campo para evitar el desahucio de 20 familias con menores.
Ocurrió el 5 de diciembre de 2017 cuando estos activistas fueron a la oficina bancaria para que ésta formalizara por escrito lo que había comprometido de forma oral con veinte familias con hijos menores que iban a ser desahuciadas de sus viviendas.
Los responsables de la entidad llamaron a la Guardia Civil y los activistas fueron detenidos si bien la Guardia Civil, han señalado en la rueda de prensa, señalaron que la protesta fue pacífica.
Por aquellos hechos la Fiscalía pide diez meses de prisión por delitos graves de resistencia y desobediencia a la autoridad y coacciones mientras que la acusación particular, ejercida por Caixabank, pide tres años y medio de cárcel.
“Se trata de un proceso cargado de irregularidades, empezando por las imágenes dentro de la sucursal que se pidieron y se borraron, y la Fiscalía basa su acusación solo en las declaraciones de los propios trabajadores de la sucursal cuando la propia Guardia Civil habla de protesta pacífica, sin hablar de las dilaciones indebidas”, ha señalado Sergio Sánchez, otro de los imputados.
Ha agregado que "no se han respetado nuestros derechos y por eso nos declaramos insumisos ante la justicia que no es justa y llamamos a todos los que apoyen esta causa a apoyarnos en una concentración", que será el día 10 a las 9:30 horas a las puertas de los juzgados.
Por su parte, Gustavo Rioja, otro acusado, ha señalado que “es un proceso de banquillo eterno. A nivel estatal es un patrón común represivo, en contra de los movimientos sociales y de cualquier protesta”.
Sobre qué consecuencias puede tener su no comparecencia, Herchhoren ha señalado que todo depende de la jueza, quien puede suspender el juicio o incluso reclamar su comparecencia obligatoria si contempla la petición de la acusación particular de más de 2,5 años de cárcel.
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EFE
