Se declaran objetores ante las acusaciones de desobediencia, coacciones y desórdenes
Los ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que esperan a ser juzgados por la presunta comisión de varios delitos en su intento de frenar un desahucio en Cabanillas del Campo, en 2017, no se presentarán a su juicio y llaman a la insumisión en otros procesos judiciales similares.
El juicio ha sido señalado para los días 10 y 12 de febrero de 2025 y a los acusados se les imputan delitos de resistencia a la autoridad, de desobediencia, coacciones y desórdenes públicos durante su participación, en diciembre de 2017, en una negociación en una sucursal de Caixabank de Cabanillas del Campo para evitar el desahucio de 20 familias con menores.
En un comunicado, estos imputados, que se enfrentan a penas de entre un año y tres de prisión y cuyo juicio ha sido suspendido en varias ocasiones por diversos motivos, se declaran objetores de conciencia, por lo que no acudirán a este juicio, y llaman a otras plataformas a hacer lo mismo.
"Entendemos que acudir voluntariamente a este tipo de procesos equivale a otorgar legitimidad a los tribunales para someter a examen el ejercicio de derechos fundamentales, algo que de ninguna manera estamos dispuestas a tolerar", señalan en el comunicado.
Según la PAH, Caixabank se había comprometido a ofrecer un alquiler social a las familias que iban a ser desalojadas, pero en cambio lo que hizo fue "cederles las viviendas a una gestora que no paraba de hostigar a las familias para obligarlas a abandonas sus casas".
Ante la inminencia del desahucio, los activistas decidieron acudir a la sucursal para exigir dicho compromiso por escrito, algo que se negó la entidad, cuyos responsables llamaron a la Guardia Civil, que detuvo a los miembros de la PAH.
EFE