El juicio ha quedado visto para sentencia
El ex alcalde de Fontanar, Víctor San Vidal, en un momento del juicio.
La Fiscalía mantiene la pena de 10 años de cárcel y solicita hasta 17 años de inhabilitación para el ex alcalde de Fontanar Víctor San Vidal, por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración pública, falsedad continuada ejerciendo un cargo público y administración desleal.
La fiscal considera probados los hechos de apropiación de dinero por parte del ex regidor y no cree justificado el motivo político alegado por el acusado ni ninguno otro, que llevase a las denunciantes a poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que se juzgan en la Audiencia Provincial de Guadalajara.
En este sentido, ha apuntado a un “absoluto sentimiento de impunidad” que llevó a San Vidal a actuar "haciendo lo que quería", de forma que "él decidía todo en un absoluto ejercicio de poder".
Ha agregado que “nada es anecdótico”, en relación a pequeñas cantidades que podía haber pagado el acusado y que, en su opinión “refleja que el alcalde hacía lo que quería”.
Igualmente, ha defendido que la secretaria interventora no controló y auditó las cuentas permitiendo así que se malversara caudales públicos y también ha afirmado que las pruebas apuntan a unos accesos y responsabilidades del jefe de Protección Civil que no eran acordes a su cargo y solo se entendían por la connivencia con San Vidal.
Por su parte, la acusación particular realizada por Unidas Fontanar se ha adherido a la pena solicitada por la Fiscalía, ante lo cual ha señalado que no tiene "ningún tipo de motivación política, sino aclarar la verdad" y ha incidido en la importancia de la pena de inhabilitación para evitar la corrupción en política.
En cambio, la defensa de todos los acusados ha reiterado su petición de absolución de sus defendidos y ha señalado que en el caso de San Vidal "entiende la mala imagen que en el proceso ha podido dar su defendido", pero ha advertido de que "eso no es delito y es insuficiente prueba de los hechos”.
Además, se mantiene la petición de penas de entre 2 a 5 años para el resto de acusados, que son la secretaria interventora, el director de Protección Civil y la madre de éste y el director del Centro de Formación del municipio, por un delito continuado de falsedad cometido por autoridad o funcionario público, de malversación de caudales públicos, de prevaricación y de fraude.
Este procedimiento se remonta a julio de 2019, cuando en una operación de la policía judicial impulsada por la Fiscalía, el entonces alcalde y demás acusados fueron detenidos y prestaron declaración ante el juez, que les dejó en libertad con cargos tras una intervención y registro de la Guardia Civil en el Consistorio.
Los acusados reiteran su inocencia
Además, todos los acusados han hecho uso de su derecho a la última palabra en la última sesión del juicio, que se ha celebrado este martes, y todos han reiterado su inocencia.
Así, el exalcalde de Fontanar, además de defender su inocencia, ha añadido: "Cuando he hecho algo mal lo he reconocido y he pedido perdón".
Por su parte, la secretaria interventora, visiblemente emocionada ha señalado que es funcionaria del Estado y que no depende del alcalde. "Llevo 18 años y siempre he intentado ejercer con lealtad a la administración pública y he fiscalizado siempre todo”, ha afirmado, por lo que ha asegurado que si hubiera detectado "alguna sospecha fundada, hubiera hecho las actuaciones pertinentes para proteger los caudales públicos", al tiempo que ha reconocido que sí firmó las certificaciones pero que no las elaboró, si bien las rubricó porque confía en los empleados públicos.
La secretaria interventora ha insistido en que ha ejercido todas sus funciones "de manera leal, digna y siempre bajo el principio de buena fe" y por ello, y tras "cinco años y medio de calvario" ha reiterado su inocencia.
Por su parte, el jefe de Protección Civil y su madre se han vuelto a declarar inocentes y han pedido que se tome en cuenta la falta de pruebas que ha argumentado su defensa.
El juicio ha quedado visto para sentencia.
EFE
