He de confesarles que no me ha extrañado nada todo lo sucedido en el caso de la educadora social asesinada en Badajoz. Los que nos dedicamos a esto de la Educación y tratamos con jóvenes delincuentes sabemos que desde edades muy tempranas el sistema les deja de lado y campan a sus anchas. Uno no puede saber que puede suceder en el futuro con tus hijos pero sí sabemos que la única forma de evitar que tu hijo se “tuerza” es por un lado educar en el respeto, en el amor, y hacerlo con ejemplaridad y con autoridad; hemos pasado en muy poco tiempo del padre autoritario al padre colega que les permite todo, les consiente, les justifica y les exime de todo. Y por otro lado el sistema debería ser más efectivo y tendría que proteger a los menores en riesgo, rehabilitando a aquellos que han cometido algún delito y dando un soporte a las familias a las que les supera todo. En este caso de Badajoz se ha evidenciado la precariedad y la falta de protección de unos servicios sociales en los que cada vez se invierte menos y están más privatizados dejando todo en manos de empresas que atienden principalmente de una forma mercantil. Es vergonzoso lo poco que se invierte.

Las familias, los jóvenes presuntos asesinos, y María Belén Cortés Flor, asesinada el pasado domingo presuntamente por estos tres menores que cuidaba en el interior de un piso han sido otras víctimas, rehenes y sufridores más de un sistema insensible con los sentimientos y que en muchas ocasiones mira para otro lado. El padre pone el acento en la madre de sus hijos. “Hasta hace seis años, la custodia recayó en ella porque las leyes sesgadas e ideológicas están montadas para que sea la madre quien la tenga a pesar de no ser la adecuada para ello". Era drogadicta y denunció falsamente al padre, razón por la que la concedieron la guardia y custodia a ella a la vez que una pensión de 1.800 euros para sus tres hijos, que ella se gastaba, según detalla el padre, principalmente en droga, siendo un ejemplo nefasto para sus hijos. Al final otro juez, cuando el mal ya estaba hecho, le devolvió la custodia al padre. El padre lo tenía muy claro: "Mi hijo se convirtió en una víctima por las decisiones que ha ido tomando la administración, cada una peor que la otra. Nadie hizo nada con tanto absentismo escolar, ni con la guardia y custodia concedida a una madre inadecuada. Todo es un proceso que viene de largo en el tiempo. Debería estar encerrado hace mucho tiempo; es una locura que le hayan permitido regresar al piso donde ya había habido problemas y dejarlos solos con ella, y de donde se habían escapado tres veces; deberían haber estado en un régimen cerrado”.

Cada vez se entiende menos como se gestiona todo esto de los servicios sociales con menores y con la reinserción de jóvenes que cuentan con antecedentes por violencia. Cada vez se entiende menos la Ley del menor a la que tal vez le haga falta una revisión y repensar si hay que rebajar, en determinados casos, el límite de la inimputabilidad y poner remedio a estos cambios sociales actuales para dar respuesta a fenómenos nuevos, como la delincuencia en bandas organizadas, el acoso escolar y a la proliferación de conductas delictivas, cometidas por menores de 14 años. Cada vez se entiende menos el funcionamiento y la decisión de internamiento en régimen cerrado, semiabierto y abierto. Cada vez se entiende menos la organización de la libertad vigilada y el control de la prohibición de aproximación o de comunicación con la víctima o el de la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo de estos jóvenes, o el de las prestaciones en beneficio de la comunidad y la realización de tareas socioeducativas. O del proceso de evaluación del menor tras cometer un delito, proceso que comienza con la investigación del Fiscal de Menores, quien ordena diversas diligencias, incluyendo la exploración del menor en presencia de su representante legal y abogado. O de la cantidad de carpetas y carpetas que se acumulan allí por falta de personal con los expedientes e informes técnicos sobre sus circunstancias personales y familiares muy alarmantes.

Tampoco se entiende el uso fraudulento de la ley injusta y discriminatoria de “Violencia de género” que potencia la aparición de denuncias falsas para conseguir la guardia y custodia de los hijos y evitar que se le otorgue al padre la guardia y custodia compartida. Estas denuncias suponen la muerte judicial del padre y son usadas con el fin de apartar a los hijos del progenitor padre, muchas veces por herramienta de venganza. Se premia en la Justicia a las mujeres que separan a padres e hijos con denuncias falsas. No se respeta el derecho fundamental de la presunción de inocencia. Esta simulación de delito es una estafa procesal que debería ser penada y perseguida.

El sistema tiene grietas por todos los lados, el educativo, el social, el jurídico, el familiar, se mira demasiado a otro lado y hay demasiada dejadez. Es necesario y oportuno hacer un balance de las carencias y aciertos, pues los datos cada día revelan que hay un aumento de delitos graves de menores que causan gran preocupación y alarma social. O se proponen cambios y mejoras de carácter técnico, legal y político para asegurar el óptimo funcionamiento del sistema hoy vigente y para que la respuesta sancionadora, social y reeducativa sea más eficaz y adecuada para cada caso concreto o se extenderán más los delitos graves cometidos por menores delincuentes.

Antonio de Miguel Antón