Asegura que es necesario un cambio en la ley para solucionar este problema

Los pueblos pequeños tienen muchos problemas, sobre todo económicos, para instalar depuradoras

La visita realizada la pasada semana a Guadalajara por parte del presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yañez, sirvió para poner negro sobre blanco lo que está ocurriendo con las multas de la CHT a los pequeños pueblos por no depurar sus aguas residuales. En su explicación el presidente de la CHT mostró su empatía con estos pequeños pueblos que no tienen medios para hacer la depuración pero dejó claro que la CHT actúa porque no le queda otro remedio que cumplir la ley cuando hay una denuncia. Yáñez recordó que los ayuntamientos, por una ley del año 91, tienen obligación de depurar las aguas residuales y que en 2006, hace 19 años, se acabaron los plazos y moratorias para cumplirla.

“La Confederación no es responsable ni de hacer las depuradoras, ni de gestionar el saneamiento- aclaró. Tenemos la competencia de vigilancia y control y tenemos una responsabilidad, cuando hay una denuncia por un vertido somos los que tenemos que ir a dar cuentas”- aseguró. A pesar de ello rechazó las acusaciones de que la Confederación tiene afán recaudatorio con este tema y aseguró que en cinco años se han puesto siete sanciones y que de ellas, solo cuatro fueron a ayuntamientos.

Yáñez asegura que conoce la delicada situación que hay en estos pueblos sin capacidad económica para hacer frente a la depuración, pero asegura que la CHT tiene que hacer cumplir la ley cuando llega el momento, un alegato que ratificaba el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega. “Si la CHT recibe una denuncia de los vecinos, que denuncian al propio ayuntamiento porque no tienen depuradora, y eso es así- insistió; la Confederación no tiene otra que tramitarla-explica Vega. Lo que tenemos que empezar en este caso, y en diferentes escenarios es que hay que redactar el Estatuto del Pequeño Municipio donde se dejen bien claras las competencias que podemos asumir”.

Vega critica que se aprueben leyes que no tienen aparejada financiación y que no pueden ser asumidas por pueblos sin recursos. “Cuando se aprueban las leyes los municipios no tiene capacidad ni para recurrirlas”. “El objetivo de todos los alcaldes es cumplir la ley,- aclaró- pero no somos los que aprobamos las leyes, y hago un llamamiento a los que redactan las leyes porque no es lo mismo una ley para el ayuntamiento de El Ordial que para Madrid capital. No es lo mismo, pero la ley es igual para los dos y eso no puede ser así”.

No puede ser que la ley sea igual para el ayuntamiento de El Ordial que para Madrid capital. 

Ante esta situación la solución pasa por un cambio en la ley que ya está en marcha porque hay sido aprobada en la Unión Europea y que ahora está en periodo de estudio según explicó Antoniio Yáñez. Será la solución, pero esa solución no llegará hasta que pasen, al menos dos años.